Un padre separado vivió una terrible experiencia cuando su hija le pidió ayuda, alegando maltrato por parte de su madre. Este padre, en su afán de proteger a su hija, inició un proceso judicial. Sin embargo, el proceso resultó en una serie de frustraciones, ya que en lugar de avanzar, el padre terminó él siendo cuestionado, fue desvinculado arbitrariamente por la madre denunciada y enviado a un programa (PPF) para restituir derechos, sin avances significativos en la causa principal.
Este padre no contaba con recursos para contratar un abogado y la Corporación de asistencia judicial acusó falta de disponibilidad, por lo que como muchos realizó solo la denuncia y el proceso, confiando en que su hija sería escuchada y resguardados sus derechos, se equivocó.
Durante meses, mientras la madre cortaba toda comunicación con el padre, el tribunal desestimó los reclamos del padre sobre la falta de contacto, argumentando que era “otra materia” y es aquí donde los tribunales carecen de criterio, ¿Cómo es posible que, en el contexto de una denuncia por vulneración de derechos, se tolere que la parte denunciada tome represalias inmediatas contra el progenitor que busca proteger? Esa reacción no solo debería encender alertas, sino ser considerada en sí misma una forma de maltrato infantil. No estamos ante un simple conflicto de visitas, sino frente a una nueva vulneración de derechos que exige una respuesta inmediata del sistema. Ahora si no es al padre a ¿quién le pedirá ayuda?.
Tras más de un año, el padre pudo retomar el contacto con su hija, pero la causa de vulneración de derechos fue cerrada sin consecuencias para la madre y ¿a qué nos referimos que sin consecuencias?, a que el tribunal debió entregar el cuidado provisorio al padre y no lo hizo, debió derivar a la madre a programas para ser evaluada y no lo hizo, debió asegurarse de que esa niña no corriera ningún riesgo y no lo hizo, el tribunal debió remitir los antecedentes a la fiscalía por los delitos relatados por la niña y no lo hizo, esa madre debió haber enfrentado un proceso penal, pero no, la igualdad ante la ley no existe en estos temas, la justicia está secuestrada por la ideología, es vergonzoso que jueces, consejeros técnicos y curadores adlitem actúen casi por regla general así de negligentes cuando la acusada es la madre.
Este caso plantea una pregunta: “Si mi hija me pidió ayuda y eso nos separó por tanto tiempo, ¿se arriesgará a pedir ayuda de nuevo si vuelve a sufrir violencia? La respuesta es no. Es probable que aguante en silencio y se sienta obligada a «sacrificarse» para evitar otra separación.”
Este testimonio revela una deficiencia crítica en nuestro sistema judicial. La burocracia y la inacción pueden hacer que los niños en riesgo se sientan desamparados y desincentivados a buscar ayuda. Es esencial que reformemos el sistema para garantizar que la protección infantil sea efectiva y prioritaria.
La justicia debe ser un refugio para los más vulnerables, no un laberinto de demoras y complicidad en el maltrato.
Si estás viviendo esta misma situación u otra similar, asesórate con nosotros, somos el primer Estudio Jurídico especializado en la defensa del padre que lucha por sus hijos.